Retos del IEEPCO frente a la democracia en Oaxaca
‹ 24 / 11 / 2011 ›
El tercer punto contiene las políticas y programas institucionales para enfrentar dichos retos y obstáculos; para ofrecer como punto último, algunas reflexiones finales.
La democracia es un modelo aspiracional, perfectible, de convivencia humana, construida como síntesis de proyectos sociales encontrados y hasta opuestos; pero siempre como producto de la voluntad humana. La transición refleja las distintas etapas de avance, detenimiento y hasta retroceso en el esfuerzo colectivo de construcción democrática.
En Oaxaca el reciente proceso de alternancia y de transición política se encuentra en un espacio dinámico, de incertidumbre en donde destaca el contraste entre un esfuerzo de adecuación institucional promovida desde el gobierno y sectores transicionistas del ámbito político, civil y académico reflejada en una amplia reforma constitucional y reglamentaria; en contraste con la persistencia de prácticas de los actores políticos y sociales que no se han adecuado a las exigencias planteadas por las transformaciones del entorno social y las exigencias transicionistas.
Esas exigencias del entorno que presionan a la democracia, señala la emergencia de un sistema político diferenciado, crecientemente competitivo, participativo y de altas expectativas ante la ocurrencia del cambio y de la alternancia que chocan con la persistencia de viejos repertorios de la acción política en donde destaca el pragmatismo extremo de las organizaciones y la mayoría de los partidos políticos; tendencias caciquiles, resabios clientelares; prácticas excluyentes, escepticismo ciudadano, etcétera.
Por el lado de los municipios con sistemas normativos internos para designación de autoridades, se perfila con nitidez el fenómeno de creciente reclamo de sectores excluidos, (Agencias, mujeres, avecindados, etcétera) para ser tomados en cuenta en los procesos comunitarios para la designación de autoridades y de amplia participación en condiciones de igualdad en la vida política de las comunidades.
En términos generales, con altibajos, el escenario plantea un marcado contraste entre reforma institucional y prácticas democráticas y ciudadanas. Indispensable en este caso la distinción entre enfoque institucional y la de prácticas políticas.
En el tema del desarrollo institucional está claro que hay que depurar el entramado institucional para proveer el marco de inclusión y de participación que se necesita para procesar la conflictividad existente.
En este caso, el paquete de reformas aprobadas en abril, son un intento importante que avanza en la instauración de mecanismos de democracia directa (referéndum, plebiscito, revocación de mandato, cabildos abiertos, consejos consultivos) que aunque parezcan insuficientes; ya contienen elementos de relieve para fortalecer las instituciones democráticas del estado; pero está claro que hay que ir más allá, hacen falta esfuerzos de adecuación institucional.
La transición debe definirse como un estadio superior al de la alternancia, en donde existe un apego pleno a las reglas del juego institucional y al compromiso de estado con el desarrollo humano y el bienestar social. Esto significa que no solo hacen falta instituciones adecuadas; significa también ciudadanos que respeten plenamente las instituciones.
Hay que transitar de la lucha por la depuración institucional hacia la lucha por la transformación de las mentalidades. Un punto de extraordinaria importancia es entender que no habrá entramado institucional democrático que funcione si no cuenta con el respaldo, la valoración y el apego de los oaxaqueños.
Ya tenemos multitud de ejemplos de leyes e instituciones que parece tener un diseño correcto pero funcionan mal. Sucede que en estos casos lo actores reinterpretan, usan mal las instituciones o subordinan las mismas a sus egoístas intereses.
Y eso significa que hay que trasladar la discusión desde el ámbito de la construcción de instituciones formales, hacia el ámbito de la construcción de conocimientos, valores, actitudes y motivaciones necesarios para el funcionamiento de las instituciones democráticas y el desarrollo. Habrá que ubicarse ahora en la lucha por modificar pautas de conducta, prácticas sociales y políticas.
Abordo los retos siguientes. Mecanismos de participación ciudadana, elecciones libres e imparciales, sufragio inclusivo y derecho a ocupar cargos públicos, construcción de ciudadanía, refundación institucional.
Hago énfasis en dos problemas centrales de la coyuntura actual: creciente competitividad y conflictividad electoral, creciente problemática en los municipios con elecciones basados en el derecho consuetudinario.
Derivada de la reforma constitucional de abril del presente año, se han incorporado las figuras del plebiscito, referéndum, revocación del mandato, audiencia pública, cabildos abiertos y consejos consultivos. Al órgano electoral estatal corresponde darle sentido técnico y aplicativo, es decir, construir los procedimientos técnicos para que en la medida de la solicitud, se puedan llevar a cabo los procedimientos para su ejecución.
Aquí la idea es que el mecanismo ya está ahora hay que usarlo, mencionar algunas posibilidades de ejercicio, por lo menos; plebiscito ( políticas públicas) y referéndum (medidas administrativas) y por supuesto, que hay que ponderar, mediante la puesta en práctica, la pertinencia de cada una de ellas.
Por lo pronto el Instituto está haciendo las adecuaciones organizacionales al respecto; proponiendo las adecuaciones de ley respectivas y se declara listo para llevar a la práctica estos mecanismos sancionados por la ley como un primer paso para incentivar la participación ciudadana, pero hay que ir más allá.
Todo aquel ciudadano que tiene la intención de ocupar un puesto de representación popular debe ser elegido mediante elecciones libres e imparciales. El reto del órgano electoral es no dejar lugar a dudas de que el proceso ha sido imparcial, legal, transparente, que el resultado es el que la ciudadanía eligió mediante su voto.
Es decir, no sólo se trata de desarrollar técnicamente el proceso electoral, se trata de convertir a los procesos electorales en una verdadera jornada ciudadana, se trata que los ciudadanos acudan mayoritariamente a votar, en un entorno de libertad y de paz social de tal modo que el enemigo a vencer es el abstencionismo y toda forma de manipulación o coacción del voto.
Ahí el Instituto está preocupado por desarrollar medidas que abran el diálogo, el debate social para que, libremente, los ciudadanos puedan decidir por la oferta doctrinaria o programática de su preferencia.
El principal reto de este indicador reside en avanzar significativamente en el ejercicio real de los derechos políticos de todas y todos los ciudadanos. Sabemos de la existencia de comunidades, sobre todo del régimen de Usos donde hay exclusiones hacia grupos sociales determinados, principalmente las mujeres y los grupos no originarios, avecindados, colonias, agencias municipales y de policía en donde se les impide votar.
Ahí está un reto fundamental para el Instituto para conciliar vía la promoción de la reflexión comunitaria conducida por facilitadores calificados, en el sentido de repensar sus métodos de designación de autoridades bajo una clave no excluyente y de pleno sentido democrático. Y todo bajo el esquema de consenso y respeto a los derechos de autodeterminación de las comunidades referidos en la normatividad federal, estatal e internacional en la materia.
No podemos cerrar los ojos ante dos desafíos centrales: Competitividad y Conflictividad electoral.
La reciente experiencia de procesos electorales en Oaxaca, sobre todo los que corresponden a este siglo, indican la creciente competitividad electoral que define al sistema político oaxaqueño, tal y como sucede en la mayor parte del país. Esto indica una depuración de estrategias, multiplicación de recursos de inteligencia, organización y de recursos materiales por parte de los partidos políticos contendientes en los procesos electorales.
Eso además de ser una tendencia que no se puede detener, es una buena noticia porque también indica, que hay necesidad de mayor capacidad de organización, vigilancia y facultades del Instituto Electoral. Se necesita la capacidad de organizar elecciones con un cuerpo profesional y con los recursos organizacionales y tecnológicos necesarios para dar transparencia y certidumbre a procesos crecientemente competitivos.
La experiencia reciente indica también que han disminuido la cantidad de municipios del régimen de partidos políticos con problemas poselectorales y que han aumentado los problemas de este tipo en municipios denominados de usos y costumbres.
En el periodo reciente, derivado de las elecciones del 2010 alrededor de 50 municipios de este tipo presentaron una situación conflictiva y a la fecha siguen activos algunos, la mayor parte de los conflictos se da por la contradicción entre los derechos individuales de votar y ser votado y los derechos colectivos aunados a un evidente reacomodo de fuerzas propio de la transición política.
Aquí una primera lección es que están funcionando las reglas electorales de tipo constitucional, válidas para todos, en que se sustenta el funcionamiento de esos municipios de régimen de partidos y que la indefinición o falta de actualización de esas reglas, de frente a procesos dinámicos de diferenciación en algunos municipios de Sistemas Normativos Internos, están generando desacuerdos que están llegando al conflicto abierto.
Y estos procesos de diferenciación en municipios de Sistemas Normativos es variada: Participación de partidos políticos, cambios en los criterios de los tribunales con respecto a medios de impugnación; politización creciente de la población; urbanización; incremento de los niveles educativos; multiplicación de expectativas, etcétera.
Ahí se debe de propiciar una reflexión colectiva en esas comunidades de Sistemas Normativos Internos, para que actualicen, definan y expongan claramente sus reglas electorales bajo los procedimientos propios de toma de decisiones colectivas.
En claro respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas el IEEPCO ha privilegiado el diálogo y el debate en un marco de respeto, como premisas para la búsqueda de la conciliación, los consensos y acuerdos entre las partes.
Para hacer frente a los desafíos planteados, el Instituto tiene en marcha varias propuestas.
Hemos entregado a la LXI legislatura del estado un paquete de reformas en el Código de Instituciones y procedimientos electorales de Oaxaca que se componen de dos grandes rubros: Unas que implican las adecuaciones a la reforma constitucional de abril y otras más de carácter novedoso.
De las primeras está la reglamentación de la reforma en materia de mecanismos de participación ciudadana con la creación de una nueva dirección ejecutiva en el IEEPCO que se encargue de ese tema. Se establecen también disposiciones para el mejor funcionamiento del Instituto, según las disposiciones de la Reforma mencionada.
De las propuestas nuevas, está de modo destacado la reforma al libro Cuarto del CIPPEO en donde se establece la denominación de Sistemas Normativos Internos a aquellos municipios ahora denominados de Usos y Costumbres. Además se establecen importantes propuestas de referentes normativos que intentan detener la creciente conflictividad a que están siendo sometidos estos tipos de sistemas.
Aquí el objetivo es dotar al Instituto de las facultades necesarias para favorecer el diálogo y la reflexión social en nuestras comunidades con el objeto de que, en el marco de su derecho de autodeterminación, puedan afirmar o replantear sus respectivos sistemas normativos a la luz de las transformaciones que se están generando en sus propios entornos: me refiero a la exigencia de participación de mujeres, de avecindados, de agencias; presencia de partidos políticos; urbanización, crecimiento de la expectativas, etc.
Todo es con el objeto de actualizar esas normas existentes en el nivel oral y de facto, para ponerlas por escrito adecuándose al contexto social y jurídico en el que se realizan los comicios en aquellas comunidades, otorgándoles un margen de celebración más democrático y reconociendo ante todo, lo invaluable de sus sistemas normativos propios.
De igual forma, se introduce por primera vez, un elaborado conjunto de posibilidades de conciliación con los ciudadanos que manifiesten su desacuerdo con la elección, ello con el fin de evitar al máximo la confrontación y el desgate que implica la falta de reconocimiento de sus autoridades.
Esta acción implica la generación de una política pública de intervención social alimentada por estrategias concurrentes para el desarrollo de capacidades ciudadanas que impliquen el fortalecimiento de valores, normas, tradiciones, diálogo y la capacidad de aprender a vivir juntos.
Se trata de un esfuerzo de estado que tiene por objetivos desarrollar las competencias y las capacidades políticas de la población en clave de formación democrática. Esto implica, claro está, no solo la difusión de valores cívicos de inclusión y respeto pleno a la legalidad y la vida institucional; sino la puesta en práctica de estrategias transversales que impulsen el diálogo y la reflexión social para la encontrar, juntos, la solución a nuestros grandes problemas comunitarios y políticos en general.
Esto también está en la propuesta de ley y establece la responsabilidad del instituto para proponer este magno programa, tan necesario para los oaxaqueños y para todo el país.
El estado de Oaxaca se ha constituido en un laboratorio y escenario extraordinario de conflictividad social y de manera específica político-electoral. Cada periodo electoral es un campo propicio para el surgimiento de conflictos en el terreno de la competencia por el poder y acceso a cargos de representación popular.
Los actores y grupos que intervienen en la contienda política pueden entrar en un proceso de tensión derivado del propio proceso electoral o como extensión de otro tipo de conflictos (agrarios, religiosos, etc.). En cualquier caso la contienda electoral puede verse inmersa en tensión de menor o mayor gravedad que exige la atención de las instituciones involucradas en el proceso.
En ese tenor generar un modelo de intervención permite ejecutar acciones de manera anticipada que posibilite la reducción de la intensidad del conflicto y en mejores casos evitar el surgimiento del conflicto.
La intencionalidad del programa reside en ofrecer un panorama general sobre el que se asienta la conflictividad política-electoral y a partir de la ubicación y análisis del fenómeno, brindar técnicas que coadyuven a resolver el conflicto de manera pacífica.
Un aspecto central tiene que ver con el financiamiento a los partidos políticos, nuestra obligación y compromiso es hacerlo de acuerdo a lo que marca la ley y fiscalizar el uso de esos recursos de acuerdo a la normatividad vigente. Somos y seguiremos siendo responsables y vigilantes de que los recursos públicos destinados a los partidos políticos sean utilizados para los fines dispuestos.
En este aspecto las acciones que se encaminan a transparentar la manera en cómo se utilizan los recursos por parte de los órganos administrativos en materia electoral y los partidos políticos como instituciones por antonomasia representantes del interés ciudadano en un régimen democrático, así por ejemplo el IEEPCO se ha sumado al convenio de fiscalización con el Instituto Federal Electoral para ir avanzando en esta materia.
Aquí nuestra principal propuesta es la profesionalización del órgano electoral que implica un servicio profesional electoral, que permita, tal y como sucede en su homólogo federal, que el instituto local cuente con profesionales que dominen la técnica electoral que se basa fundamentalmente en la observancia de procesos y de la capacidad técnica y tecnológica para llevar a cabo tan importante tarea.
Este programa de rediseño contempla una amplia gama de acciones en materia de capacitación e incluso de tecnologización que pasa incluso por la pretensión a mediano plazo, de tecnologizar buena el proceso electoral como es la tendencia nacional y mundial.
Aquí tenemos claro que lo importante es crecer en la legitimidad del Instituto. La responsabilidad histórica que le toca a todos los integrantes del Instituto, incluyendo a su Consejo General y Junta General Ejecutiva, es la de constituirse en árbitro legitimado; Y para eso hay que hacer gala de profesionalismo; de autonomía e independencia.
Aquí es primordial conservar la autonomía del órgano electoral que reside en su capacidad de mantenerse al margen de las presiones políticas de los actores y su pleno apego a los principios democráticos consagrados en la Constitución.
Nuestro reto es conservar la autonomía del órgano electoral, de tal manera que la ciudadanía confíe en él y tenga certeza sobre su actuar. No ayudan a esta tarea quienes apresuradamente quisieran imponer cuotas partidarias o mecanismos de presión que disminuyan la autonomía e independencia del Instituto.
En el IEEPCO, existe plena conciencia de la responsabilidad histórica que pesa sobre la pertinencia de nuestro ejercicio. Hay claridad sobre la problemática existente en el sistema político oaxaqueño; sabemos que nos enfrentamos a muchos problemas heredados y a otros de nuevo cuño. Sin embargo en el marco de nuestras posibilidades estamos entrando a una etapa de propuestas y acciones concretas que den respuesta a la expectativa ciudadana acerca del avance democrático.
Estamos tratando de incidir en materia de cambio institucional y normativo para mejorar nuestros procesos de competencia electoral en el estado y nuestras comunidades; al tiempo que insistimos en la propuesta de políticas de estado que incidan en la promoción de valores, creencias y hábitos democráticos en la ciudadanía.
Estamos desplegando acciones para profesionalizar y mantener la esencia ciudadana en la estructura y funcionamiento del IEEPCO. Pero la verdad, como todo en la vida, los grandes proyectos cuestan trabajo porque no pueden ser producto de voluntades aisladas.
Esto quiere decir que nuestra responsabilidad como órgano electoral será la credibilidad, la imparcialidad, la legalidad y dentro de ellos contribuir al fortalecimiento del marco democrático, pues sin duda, es el mejor espacio para crecer y desarrollarse como persona y como colectivo.
Sin embargo, habrá que tener en cuenta que esta tarea del órgano electoral será más viable con el concurso de muchas fuerzas: la de la sociedad civil, la de los académicos, y la de todos los ciudadanos que deben hacer explícitas sus demandas y su solidaridad con la democracia oaxaqueña.
