Seguridad y democracia
‹ 10 / 06 / 2018 ›
Gustavo Meixueiro Nájera
Consejero Presidente del IEEPCO
Twitter: @gmeixueiro
Uno de los pilares de los regímenes democráticos es sin duda alguna la seguridad pública. Tal como lo establece Max Weber, el Estado es el encargado de mantener el orden y el único ente legitimo para ejercer el uso de la fuerza pública; ante esta premisa, es el Estado quien debe garantizar a la ciudadanía la protección a sus derechos fundamentales. No obstante, vemos con preocupación que la inseguridad y la violencia representan hoy en día dos fuertes amenazas a las democracias en el mundo.
La democracia no es un sistema que se agote con el voto de la ciudadanía el día de la elección; esta forma de gobierno supone también que las y los ciudadanos puedan vivir en un ambiente seguro, con una calidad de vida digna y con la garantía de ejercer los derechos a plenitud; para ello, es necesario que todos los niveles de gobierno: municipal, estatal y federal actúen en el ámbito de sus atribuciones y generen las condiciones para lograrlo.
Distintos países en América Latina han emprendido estrategias para combatir la inseguridad, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y en consecuencia fortalecer su democracia. Estas medidas tienen que ver no sólo con profesionalizar e incrementar las instituciones policiacas, sino con cambios estructurales al crear fuentes de empleo bien remunerado, acceso a la educación y a la salud, así como fomentar la movilidad social y combatir la desigualdad, lo que fortalece el Estado democrático y el respeto a la legalidad.
La situación de inseguridad que se vive en México tiene también un impacto en el ámbito político, el número de asesinatos de candidatas y candidatos es una muestra de ello. De acuerdo con el Informe de Violencia Política en México 2018, realizado por Etellekt Consultores, del inicio del actual proceso electoral al 9 de junio de 2018, se han registrado en el país 112 asesinatos de políticos y candidatos, de éstos 28 se trata de precandidatos y catorce candidatos. En el mismo periodo, 127 políticos han sufrido amenazas o intimidación, de los cuales 73 son candidatos y 16 precandidatos. Además, se han registrado más de 401 agresiones en contra de políticos y candidatos en 31 entidades federativas y en 263 municipios del país. Guerrero, Puebla y Oaxaca son las entidades que registran el mayor número de casos.
Estas cifras contemplan el asesinato reciente de dos candidatas, una en Puebla y otra en Oaxaca, y el asesinato de un candidato a diputado federal en Coahuila. En el caso de nuestro estado, además de Pamela Terán Pineda, candidata a segundo concejal en el municipio de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, también fueron asesinados la fotógrafa María del Sol Cruz y el C. Adelfo Guerra. El hecho violento y lamentable conmocionó a nuestra sociedad la cual exige que el caso no quede impune y haya una pronta y expedita impartición de justicia. Es necesario que las autoridades de investigación y de procuración de justicia del estado investiguen y se sancione a los responsables, tanto de los hechos de violencia como de posible desvío de recursos públicos hacia las campañas electorales.
La inseguridad que está presente en algunas regiones del país atenta contra nuestro sistema democrático, por ello, desde el inicio del proceso en nuestro estado, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) ha celebrado reuniones con diferentes dependencias gubernamentales encargadas de la seguridad pública, para contribuir a generar un ambiente de paz social, donde la ciudadanía pueda participar de manera libre en estas elecciones sin temor a ser víctima de actos violentos.
Como autoridades administrativas electorales nuestra labor es la organización de las elecciones periódicas donde la ciudadanía pueda elegir libremente a sus autoridades. Nuestra actuación no está relacionada con el tema de seguridad pública, no tenemos las atribuciones o herramientas para proteger a las y los ciudadanos; no obstante, si podemos exigir (y lo hemos hecho) que el Estado garantice las condiciones para que las y los candidatos puedan hacer campañas sin temor a ser víctimas de un atentado, así como exigir que se generen las condiciones de paz y seguridad para que las y los votantes puedan acudir el próximo domingo 1ro. de julio a emitir su voto en un ambiente de tranquilidad.
El gobierno local, federal y municipales; las instituciones de seguridad pública; los partidos políticos; las autoridades electorales y la sociedad organizada debemos trabajar para combatir escenarios adversos al desarrollo de un Estado de Derecho. Debemos promover y exigir poder participar libremente en estas elecciones, porque somos más las ciudadanas y ciudadanos quienes afirmamos que del uso de la violencia jamás se justifica. Porque somos más quienes creemos en las garantías y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Porque somos más oaxaqueñas y oaxaqueños quienes queremos paz en nuestro estado y en nuestro país. Porque estamos convencidos de que la seguridad y paz social generan condiciones para que tengamos una mejor sociedad, un mejor país, y por supuesto un mejor Oaxaca.
