Artículos de Opinión

Gustavo Meixueiro Nájera
Consejero Presidente del IEEPCO
Twitter: @gmeixueiro

En días recientes, las elecciones en Oaxaca ha sido un tema relevante en los medios de comunicación locales, nacionales e incluso internacionales; ¿la razón? la posible simulación en la postulación de candidaturas transgénero que algunos partidos políticos hicieron ante el instituto local electoral. Me parece entonces necesario hacer uso de este espacio para explicar qué pasó, cuál es el origen y objetivo del reconocimiento de los derechos políticos de las personas trans y cuál es el curso que sigue la investigación sobre los casos denunciados.

            Primero, me gustaría recordar que la comunidad trans, es decir, aquellas personas que tienen una identidad de género distinta a la heterosexual, ha sido un grupo históricamente discriminado. No contar con las mismas oportunidades laborales, no tener acceso a la salud o ser víctimas de insultos y violencia son algunos de los problemas cotidianos que enfrentan. Un dato relevador sobre el panorama es que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 80 % de las personas trans latinoamericanas fallece a los 35 años o menos, cuando la esperanza de vida para el resto de la población es de 75 años.

            En diversos foros, encuentros y manifestaciones se ha hablado de la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con la comunidad trans para combatir la desigualdad que enfrentan en diversos ámbitos, y una de estas esferas es también la política. La experiencia de Amaranta Gómez Regalado -muxe oaxaqueña- refleja los obstáculos que tienen que pasar para participar en el ámbito de la toma de decisiones. Amaranta fue la primera mujer trans que compitió para un cargo público con su identidad de género, es decir, como mujer. Era el año 2003 y ella contaba apenas con 25 años.

            De 2003 a la fecha hemos visto pequeños avances en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, por ejemplo, para el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) resulta importante visibilizar a dicha comunidad, porque se trata de ciudadanos y ciudadanas que tienen los mismos derechos políticos a votar y ser electas y, por ello, aprobamos que en los Lineamientos de Paridad se hiciera una mención explícita a la postulación de personas que pertenecen a este grupo poblacional, una acción afirmativa para reconocer el registro de hombres y mujeres con esta identidad de género.     

            El artículo 16 de dichos Lineamientos refiere que en caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o       muxes, la postulación de la candidatura correspondería al género al que la persona se autoadscriba; el partido político postulante debió informar en el registro correspondiente, a la fórmula o planilla de que se trátese. En el registro de candidaturas en Oaxaca, los partidos políticos de forma individual o por medio de las coaliciones donde participan postularon un total de 19 personas transgénero, quienes manifestaron en oficios los cuales contienen la firma de las postulantes, querer ser registrados como mujeres en esta figura.

            Días después, el pasado 7 de mayo, tres asociaciones civiles: Ladxido Muxe; Autenticas Intrépidas Buscadoras del Peligro y el Colectivo Binni Laanu A.C, presentaron una queja ante el IEEPCO donde manifiestaron que la mayoría de personas postuladas por los partidos políticos no pertenecen a la comunidad trans. De acuerdo con la documentación, dichas asociaciones realizaron una investigación y encontraron que sólo dos de las 19 postulantes son personas con dicha identidad de género y son reconocidas por la comunidad transexual, por lo que las otras candidaturas, cito textual: “serian una usurpación fraudulenta de las identidades trans para evadir la obligación que tienen los partidos políticos a respetar el mandato constitucional de la paridad de género”.

            En este sentido, la Comisión de Quejas y Denuncias del IEEPCO, inició las investigaciones correspondientes, y me gustaría ser muy enfático en referir que de encontrarse que en efecto dichas personas no pertenecen a la comunidad transgénero, se procederá conforme a la ley. En este caso las sanciones pueden ir desde una multa a los partidos políticos y coaliciones hasta la pérdida de registro de dichas candidaturas por hacer mal uso de la medida afirmativa.

            Cabe mencionar que el pasado viernes la Comisión de Quejas y Denuncias emitió una medida cautelar y canceló el registró de las candidaturas de estas 17 personas. Esta medida precautoria tiene efectos en tanto el Consejo General resuelve en definitiva el fondo del procedimiento sancionador.

            Lo que vivimos hoy con este caso es algo histórico por diversas razones. La primera, el reconocimiento político de una comunidad olvidada históricamente, el artículo 16 de los Lineamientos de Paridad aprobados en Oaxaca sienta sin duda alguna un precedente para seguir pensando en formas de visibilizar políticamente a las personas transexuales. Segundo, la participación de la sociedad civil. Ciudadanas y ciudadanos organizados que alzan la voz para denunciar un posible fraude a la ley, un evento aplaudible que muestra una sociedad que exige respeto a la legalidad y se interesa en los asuntos electorales.

            Tercero y no menos importante, el papel de los medios de comunicación para dar a conocer un evento relevante. Es fundamental que la ciudadanía se mantenga informada y sepa con claridad cuál es el actuar de todos los actores involucrados: el IEEPCO, los partidos políticos, las candidatas y los candidatos, las asociaciones civiles etc. Los partidos políticos tienen la obligación y responsabilidad de esclarecer estos casos y la autoridad electoral de vigilar que no se intente evadir la obligación de la paridad en los registros.

            Algo que resulta claro es que como sociedad debemos reconocer y respetar a los grupos minoritarios y vulnerables. Apostar por reducir la desigualdad en todos los ámbitos, porque eso también implica vivir en democracia. Estamos claros del reto que representa iniciar una discusión de nuevos temas y entender cómo resolver las problemáticas que surjan, pero sin duda esto abona para avanzar en la construcción de una sociedad más justa. Oaxaca hace historia nuevamente en un tema de reconocimiento de derechos como lo ha hecho en otras ocasiones, como lo hizo con las poblaciones indígenas donde somos un referente nacional e internacional.

            Propongo entonces seguir trabajando en ello, sin simulaciones y con mucha responsabilidad. Porque sólo así lograremos ser una mejor sociedad, un mejor país, y por supuesto un mejor Oaxaca.