Amenazas a los Derechos Humanos
‹ 23 / 12 / 2018 ›
Gustavo Meixueiro Nájera
Consejero Presidente del IEEPCO
Twitter: @gmeixueiro
Hace unos días, el pasado 10 de diciembre, se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este documento adoptado y proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas parte de un principio elemental: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
La concepción filosófica, política y ética en la que se sustentan los derechos humanos implica que no importa dónde nace una persona, qué lengua hable, cuál es el color de su piel, cuál es su sexo o que religión profese, esa persona debe gozar de los mismos derechos y libertades que cualquier otra, por el simple hecho de ser un ser humano.
Cada uno de los artículos que contempla la Declaración es una defensa a los valores universales de equidad, justicia y dignidad humana. Se habla del derecho a la libertad y a la seguridad, de la prohibición de esclavitud, tortura o tratos crueles. También, de la igualdad ante la ley, la protección ante cualquier discriminación y de tener el derecho a juicios justos. Además, de la libertad de reunión, asociación, opinión, de pensamiento y de consciencia. No existe una ponderación de derechos, el pacto social implica la satisfacción de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
El artículo 21 habla en específico de los derechos políticos, refiere que cada individuo debe poder participar en el gobierno de su país directamente o mediante representantes libremente electos. Es justo de ese apartado que me parece importante hacer una reflexión: los derechos políticos, son derechos humanos.
La democracia representativa es la forma de gobierno que se fundamenta en la participación de la ciudadanía a través de elecciones libres y equitativas. Para llevar a cabo las elecciones, se diseñaron modelos e instituciones que garantizan que cada voto vale lo mismo, que las contiendas son equitativas, que hay información para tomar mejores decisiones y que el sufragio se ejerce de manera libre, secreta y directa. No obstante estas condiciones, hay diferentes amenazas a este sistema de gobierno, y éstas deben ser vistas no desde un punto de vista abstracto, sino como acciones que limitan los derechos humanos de la ciudadanía.
En Oaxaca hemos identificado algunas de estas amenazas —que bien vale aclarar — no son propias del estado, se repiten en otras partes del país, porque se fundamentan no en algo territorial sino en algo social. Una de estas amenazas a los derechos humanos es la violencia que se vive en algunos municipios donde ciertos grupos impiden que se realicen elecciones; hay un rechazo a la idea de someterse a la voluntad ciudadana. Estos grupos y actores políticos o sociales impiden el trabajo de los órganos electorales, impiden la capacitación de funcionarios de casilla; amenazan a los ciudadanos que quieren participar en la elección, queman o roban la paquetería electoral, impiden la instalación de las casillas y generan un ambiente de violencia para desincentivar la participación electoral.
Al impedir elegir a los representantes populares o a las autoridades municipales no se limita únicamente el derecho al voto, sino la posibilidad de tener un gobierno representativo al cual exigir rendición de cuentas. Este escenario genera malestar de la población, incertidumbre, temor, pérdida de confianza en la propia democracia. El ejemplo más reciente lo vivimos en el municipio de San Dionisio del Mar el pasado 9 de diciembre, cuando un grupo de personas se opuso a que se realizara la votación y fue secuestrado un funcionario electoral. A pesar de los esfuerzos de los órganos electorales y de otras instituciones, no se permitió la instalación de las casillas. Es conocido que el problema en esta comunidad no es electoral, sino que desde hace algunos años existe un conflicto social y de gobernabilidad que una vez más impidió que la ciudadanía pudiera acudir a las urnas para elegir a sus autoridades.
Mientras haya restricciones para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto y a ser electa no seremos un país democrático. Tener un mejor México pasa por fortalecer las instituciones, por garantizar condiciones para que todas y todos podamos ejercer nuestros derechos humanos. Por ello, a 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es importante recordar por qué se escribió ese documento, qué representa para la humanidad y cuál es la responsabilidad del Estado en su garantía. Porque con un Estado que garantice en su totalidad los derechos de las personas podremos tener una mejor sociedad, un mejor país y por supuesto un mejor Oaxaca.
